Colonialismo, resistencia e interrupción del embarazo

Durante los años más oscuros de la Colonia, un periodo cuya sombra en verdad, todavía no ha culminado. Las mujeres afro e indígenas enfrentaron en sus propios cuerpos la crudeza del sistema. Día tras día, sometidas al abuso y a la violencia sistemática de los amos, nuestras ancestras cargaron con un dilema devastador. En aquellas haciendas, la maternidad no era un milagro, sino una condena: el derecho colonial estipulaba que la esclavitud se heredaba por línea materna. Parir de sus entrañas significaba nueva mercancía.

Sabedoras de que cualquier hijo que trajeran al mundo nacía con las cadenas puestas, destinado a los mercados de carne humana y a la explotación infinita, muchas tomaron la decisión más desgarradora y resistente posible. Ab0rtar se convirtió en un acto silencioso de rebelión, una forma radical de arrebatarle al opresor la herencia de sus manos y librar a esa descendencia de un destino ya vendido.

Fueron tiempos amargos y dolorosos, travesías clandestinas que no siempre alcanzaba a salvarlas; muchas de nuestras ancestras dejaron la vida en el intento. Pero el verdadero terror venía si los amos descubrían el agravio. Para el poder colonial, interrumpir un embarazo no era solo una falta, era arrebatarle una propiedad al amo.

Si la sospecha o la delación confirmaban el abort0, la respuesta era despiadada: cien latigazos marcados a fuego y látigo sobre la piel desgarrada, un castigo brutal que, en no pocas ocasiones, se transformaba en una sentencia de muerte lenta. El látigo, la tortura y el dolor físico no eran meras sanciones; eran la pedagogía del miedo, el engranaje con el que el sistema buscaba amedrentar, disciplinar y quebrar el espíritu de quienes osaban rebelarse.

Las faenas de lavado a orillas del río eran, en apariencia, pura rutina. Pero sobre la corriente, donde nacían los cantos negreros y el golpe de la ropa sobre las piedras sonaba como tambores de agua, las mujeres negras hilaban su resistencia.

Allí acordaban el encuentro clandestino. Con sutileza y rapidez, aplicaban la interrupción de forma rudimentaria. Mientras el proceso avanzaba, las hermanas la abrazaban con fuerza y le colocaban un paño húmedo en la boca para ahogar los gritos de dolor. Luego, la mujer entraba al agua: el río se convertía en su cómplice, llevándose la evidencia corriente abajo.

Al regresar a la hacienda, la versión era siempre la misma: «Un resbalón lavando en las piedras».

Látigo y machete

1871 traía un aire distinto, sobre las calles cobregizas de Río de Janeiro. El 28 de septiembre, tras meses de acalorados debates en el Parlamento imperial que amenazaban con fracturar la política brasileña, el Conde de Eu firmaba un decreto histórico: la Lei do Ventre Livre (Ley N.º 2.040) o Ley de Libertad de Vientres.

A simple vista, el texto legislativo parecía una victoria rotunda de la causa abolicionista. Dictaminaba que ningún niño nacido de mujer esclavizada en Brasil volvería a ser propiedad del amo. Rompía, de golpe y sobre el papel, el dogma colonial del partus sequitur ventrem, esa norma perversa que por siglos estipuló que la servidumbre y el cautiverio se heredaban indefectiblemente por la sangre de la madre.

Para las mujeres afro e indígenas que doblaban el lomo en los cafetales del Vale do Paraíba y en la penumbra de las haciendas azucareras, aquel decreto imperial no llegó como una revelación piadosa del reinados de los colonos. Fue apenas el eco tardío y burocrático de una guerra silenciosa que ellas ya llevaban décadas librando sobre sus propios cuerpos, en los ríos, con los cantos y en las tinieblas de la noche.

Detrás de la retórica festiva de la ley, se escondía la frialdad del cálculo terrateniente. La norma nació con una letra pequeña diseñada para que la economía del cautiverio no perdiera ni un solo centavo de ganancia.

El recién nacido recibía el título formal de «libre», pero la realidad lo devolvía de inmediato a las mismas manos que encadenaban a su madre: el amo ejercía la tutela absoluta de su infancia hasta los ocho años. Al alcanzar esa edad, el señor de la hacienda enfrentaba una disyuntiva: entregar al menor al Estado a cambio de una indemnización de 600 mil réis o seguir explotando su fuerza de trabajo hasta que cumpliera los 21 años.

La inmensa mayoría de los hacendados ni siquiera lo pensó: prefirieron retener los brazos jóvenes y extender la explotación infantil bajo el amparo de la ley. Mientras tanto, las madres continuaron encadenadas a la faena diaria, viendo crecer a sus hijos bajo la misma sombra del yugo señorial.

Aquel mecanismo sirvió como una transición calculada para desmontar el sistema antes de la abolición definitiva en 1888, pero en la piel y en la memoria colectiva el impacto fue irreversible. Más que conceder un derecho, la ley terminó reconociendo en el papel lo que las redes clandestinas a orillas del agua y las mujeres  habían firmado mucho antes con sangre y resistencia: que ningún vientre debía volver a parir mercancía.

Letras muertas, y pal ante

Los siglos han transcurrido, los imperios siguen y las leyes cambiaron de nombre, pero en el fondo de este escenario la disputa sigue siendo la misma: la vieja obsesión por gobernar la carne y el destino de las mujeres.

La historia ha demostrado con obstinada terquedad que la prohibición jamás logró detener las interrupciones de embarazo; la clandestinidad nunca extinguió la decisión, solo la empujó a las sombras. Lo que la penalización ha construido, ayer y hoy, es una brecha cruel trazada por la clase social y el dinero. Mientras en las salas privadas y los consultorios discretos el capital compra seguridad y silencio, en las periferias y en los barrios más vulnerables las mujeres siguen arriesgando la salud, la libertad y la propia vida. Cambiaron las herramientas y los escenarios, pero el abismo de la vulnerabilidad se mantiene intacto.

Por eso, la exigencia por la despenalización no es una consigna abstracta ni una invitación al vacío; es un reclamo urgente de justicia social, de salud pública y de soberanía sobre la propia piel. Reclamar este derecho es sostener que la maternidad debe habitarse desde la decisión consciente y el deseo, jamás desde la imposición del Estado, los dogmas o la costumbre.

A la luz de los siglos, esta batalla no es nueva. Es la continuación directa de aquella guerra silenciosa que nuestras ancestras libraban a orillas del río; es el eco de una resistencia ancestral que persiste por romper cadenas: esa que insiste, aún hoy, en arrebatarle a las mujeres el derecho absoluto sobre sus propios cuerpos.

Hacer oídos sordos

Desde el 2013 y hasta el presente, en Venezuela existen 49 mujeres en casos de violencia clasificados como ‘Caso canónico de la norma discriminatoria recalificado e interpretación discriminatoria de la norma’ todas ellas están privadas de libertad, apresadas, sentenciadas con medida cautelar sustitutiva o SCP cumplida.

En Venezuela todavía luchamos por maternidades decididas…

Bibliografias:

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